En una medida que generó reacciones encontradas, el Gobierno nacional decidió eliminar los impuestos a la importación de teléfonos celulares mediante el Decreto 465/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial. La disposición, que deroga aranceles que oscilaban entre el 10% y 20%, apunta específicamente a dispositivos de gama media y alta de marcas como Samsung, Motorola y Xiaomi, con la intención declarada de reducir hasta en un 30% sus precios finales en el mercado local.
Desde el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo justificó la medida argumentando que «los argentinos pagan hoy hasta el doble que en otros países por los mismos dispositivos», presentándola como un paso hacia la democratización del acceso tecnológico. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todos los sectores. La Cámara Argentina de la Electrónica salió rápidamente a cuestionar la medida, advirtiendo que podría afectar seriamente a la industria local, particularmente al polo tecnológico de Tierra del Fuego, que si bien mantiene sus beneficios fiscales, ahora enfrenta una competencia internacional con menores barreras arancelarias.
Analistas del sector estiman que los efectos concretos de esta medida comenzarán a verse en el corto plazo, probablemente dentro de los próximos 15 días. Se anticipa que modelos de gama alta como el Galaxy S24 o el iPhone 15 podrían experimentar bajas de precio significativas, en el orden de los 50.000 a 80.000. No obstante, esta política tiene su contracara: según proyecciones preliminares, el fisco nacional dejaría de percibir aproximadamente US$300 millones anuales en concepto de estos aranceles, un dato que no pasa desapercibido en medio de los esfuerzos por equilibrar las cuentas públicas.
Esta decisión se enmarca en una serie de medidas de desregulación económica que el actual gobierno viene implementando desde diciembre pasado, cuando eliminó restricciones similares para la importación de notebooks y tablets. Mientras los consumidores celebran la posibilidad de acceder a tecnología más accesible, los representantes de la industria electrónica local no descartan acciones legales para revertir lo que consideran una política perjudicial para el desarrollo productivo nacional. El debate entre libre mercado y protección industrial, una vez más, queda instalado en la agenda pública.
