Además, el ministro confirmó que también los vehículos livianos deberán pagar para circular por las rutas que la provincia busca mejorar y concesionar.
Enrico defendió el concepto de “un único cobro”, reemplazando cualquier otro peaje o tasa previa, y aclaró que la operación quedará en manos de una concesión privada, mientras que los municipios tendrán un rol consultivo, pero no manejarán la recaudación.
El ministro dejó en claro que la intención es que las ciudades afectadas por el impacto logístico reciban una parte del dinero.
Enrico afirmó: “Hay que ver de qué manera esa recaudación parte va a esas municipalidades que reciben todos esos camiones. Caso Timbúes, Puerto San Martín, San Lorenzo. Ellos tienen tareas de seguridad, limpieza, mantenimiento, obras. Eso también hay que acordarlo.”
Sin embargo, aclaró que los municipios no formarán parte de la concesión ni administrarán el sistema. Solo integrarán un consejo asesor, junto al sector portuario y la provincia, para definir prioridades de obra:
“La concesión es al sector privado. El consejo asesor ordenará prioridades, pero la operación y el cobro la hace la empresa concesionaria.”
El ministro insistió en que la medida apunta a enfrentar el colapso de rutas que reciben camiones de 13 provincias rumbo al cordón agroexportador: “Es una logística que no usa ferrocarril. Todo viene acá y satura un punto muy chico”, explicó.
Según Enrico, la tasa permitirá financiar iluminación, dobles carriles, rotondas, puentes, control de peso, señalización y sistemas de turnos para ordenar el ingreso a terminales portuarias.
“Hoy no se paga nada y tenemos rutas destruidas por donde sale la riqueza del país”, afirmó.
Enrico contó que ya se reunió con cámaras y federaciones de transportistas, y que la recepción fue favorable. “El camionero es el que más lo sufre: colas, rutas rotas, inseguridad. Todos coinciden en que algo hay que hacer”, aseguró.
La provincia también trabaja para que Nación ceda la Ruta A012, con el fin de intervenirla directamente. En cuanto a la Ruta 11, afirmó que “va a quedar con uso liviano”, dejando de ser corredor para camiones hacia los puertos.
La situación actual —particularmente en Villa La Ribera, la Ruta 91 y el puente de Carcarañá— continúa siendo crítica. “Reparamos todo el tiempo, pero el volumen de tránsito es tremendo”, admitió.
El proyecto será formalizado en el primer semestre de 2026 para iniciar el proceso de licitación cuanto antes. Enrico afirmó que se trata de una prioridad del gobernador Maximiliano Pullaro y que los ministerios de Gobierno, Desarrollo Productivo y Obras Públicas trabajan coordinadamente.
“Para que haya rutas iluminadas, pavimentos nuevos y circulación segura, alguien tiene que invertir. Esto nunca se ordenó y así nos fue”, concluyó.
De concretarse, el esquema cambiará la forma en que circulan los más de 1,8 millones de camiones que cada año llegan al corazón exportador del país. Municipios, transportistas, puertos y la provincia deberán acordar cómo se implementa un sistema que impactará de lleno en la estructura logística del Cordón Industrial.
