La crisis en el sector de biocombustibles sumó una nueva etapa con la intimación formal presentada por la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) al Gobierno nacional. A través de un documento dirigido a la Secretaría de Energía, las entidades reclamaron la inmediata publicación del precio de venta del biodiesel correspondiente a septiembre de 2025, que al día 9 del mes aún no había sido oficializado, incumpliendo la normativa vigente.

De acuerdo con el cálculo técnico presentado en el anexo de la nota, el precio de referencia debería fijarse en 1.543.663 pesos por tonelada más IVA, un valor que surge de la fórmula establecida en el artículo 3 de la Resolución 963/2023. Sin embargo, las cámaras remarcaron que desde julio de 2024 los precios publicados por la Secretaría se apartaron del mandato del artículo 14 de la Ley 27.640, que exige que los valores reflejen los costos de producción y aseguren la sustentabilidad económica de la industria.

El documento revela que la política de fijación de precios por debajo de los costos reales ya provocó una pérdida de ingresos de 78,8 millones de dólares para las empresas elaboradoras, mientras que el quebranto operativo acumulado asciende a 45,5 millones de dólares. Este rojo, advierten, amenaza directamente la continuidad de las plantas, que llevan más de un año operando a pérdida.

Las cámaras aportaron además evidencia empírica sobre la incidencia del tipo de cambio en el cálculo del precio. El esquema actual utiliza un promedio mensual de cotizaciones previo al inicio de cada período, lo que genera un sesgo negativo permanente para los productores. De los 189 meses analizados desde 2010, en 175 el tipo de cambio promedio del mes en curso fue mayor al del mes anterior, lo que significa que casi siempre el valor tomado para calcular el precio queda atrasado respecto del dólar vigente al momento de pagar insumos y materias primas.