La pretensión del colectivo es que los tribunales analicen los montos aplicados en los últimos tres años y dispongan la devolución de aquellas sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida.

Al respecto, Espasandín señaló en el streaming Contra Ataque que muchos clientes solicitaron financiamiento para resolver contingencias económicas concretas y terminaron asumiendo costos financieros excesivos.

A pesar de haberse originado por dos presentaciones individuales, la estrategia de ACFRA apunta a que una eventual resolución favorable beneficie a todos los usuarios en idéntica posición, lo que podría alcanzar a unos siete millones de personas en el país.